En defensa del trabajo médico y del derecho a huelga

#opiniónAMAP

La Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) manifiesta su preocupación por el creciente proceso de desregulación impulsado por el gobierno nacional en  la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud de la Nación, cuyas políticas recientes tienden a debilitar los derechos laborales en lugar de fortalecer el sistema sanitario.

Resulta especialmente alarmante la reciente promulgación del Decreto 340/25, que limita de manera inaceptable el derecho constitucional a huelga. Esta medida no solo vulnera garantías fundamentales reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, sino que representa una amenaza directa a la organización colectiva de los trabajadores de la salud, particularmente en el ámbito privado, donde las condiciones laborales ya se encuentran fuertemente precarizadas.

La fragilidad del sistema de salud argentino ha quedado en evidencia en las últimas semanas, como lo demuestra el conflicto del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Allí, profesionales comprometidos con la atención pública de calidad se han visto obligados a adoptar medidas de fuerza ante la falta de respuestas concretas a demandas básicas: salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y reconocimiento profesional. Lejos de atender estos reclamos legítimos, las autoridades han respondido con medidas restrictivas que criminalizan la protesta y debilitan aún más al equipo de salud.

En el sector privado, la situación no es menos crítica. Las empresas prestadoras de salud continúan sin brindar respuestas efectivas para mejorar los salarios ni garantizar condiciones laborales dignas. Las políticas actuales favorecen la flexibilización y la desprotección del trabajo médico, profundizando la precarización y desalentando el ejercicio profesional en un contexto ya de por sí complejo.

Desde AMAP denunciamos que estas medidas, lejos de fortalecer el sistema de salud, lo exponen a una mayor crisis. Un país que desprecia el trabajo de sus médicos, que vulnera sus derechos y que impide el ejercicio legítimo de la protesta, atenta contra su propio futuro.

Demandamos a las autoridades a rectificar este rumbo, derogando el decreto 340/25 y abriendo canales de diálogo real con los representantes del sector. No se puede construir un sistema de salud eficiente y humano sobre la base de la precarización y el silenciamiento de quienes lo sostienen día a día.

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